POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Las irracionalidades criollas son interminables. Na’ e’ na’ y to’ e’ to’. Agravada la situación en los casos de usurpadores que reclaman compensación a sus víctimas.
Los “profesionales” de la ocupación ilegal de terrenos privados y estatales suelen condicionar la salida de la propiedad ajena a la entrega de dinero u otros espacios. En la mayoría de los casos roban (literalmente es así), con la complicidad y en sociedad con autoridades militares y policiales y políticos con poder en territorios que disputan. Los ladrones, no “infelices padres de familia”, logran ablandar gobiernos y hacen recular a propietarios cansados de las majaderías en la jurisdicción inmobiliaria, que coloca la carga de la prueba a estos, obligados a acarrear cientos de documentos, mientras los usurpadores se limitan a calificar de la falsa la documentación. El chantaje, la arrabalización institucional (permiso, Mckinney) por encima del artículo 54 de la Constitución, que establece el derecho de propiedad en el capítulo de los derechos fundamentales.
En el ámbito de los transportistas ocurren situaciones parecidas, luego que la instrumentalización política de éstos los alimentara hasta convertirlos en “los dueños del país”, como los bautizara el El Nacional desde el siglo pasado.
Desde los gobiernos de Balaguer las huelgas choferiles concluían en el Palacio Nacional, saldadas con exoneraciones y adjudicaciones de rutas de transporte.
Como el “libro Balaguer de gobernar” fue copiado por sus adversarios al llegar poder, esas políticas oportunistas alimentaron tanto al monstruo, que parece imposible de derribar. Políticas de modernización del transporte han sido echadas a un lado por las posturas amenazantes de los transportistas. Aunque la violencia ha sido superada y se nota prudencia de los antiguos sindicalistas convertidos en empresarios e integrados en partidos políticos tradicionales, su poderío trastoca decisiones oficiales, soluciones de profundo calado, aunque ya figuren en leyes.
Programas de exoneraciones de vehículos, algunos con consecuencias en tribunales; asignación directa de dinero, exención de impuestos en compra de combustibles, asignación de rutas y facilidades para “paradas”, centros de arribo y salida de vehículos.
En los momentos en que el gobierno ha necesitado operar rutas con transporte colectivo en las avenidas Máximo Gómez, 27 de Febrero, Churchill y otras, los antiguos sindicalistas han reclamado “compensaciones” alegando que ellos “crearon las rutas”. Un empresario registra cálculos millonarios de alegadas “deudas” del gobierno por esta situación.
La administración Abinader ha dado la oportunidad a los empresarios de ser asociados en la operación de algunas rutas y brindado diversas facilidades. Empero, las quejas y reclamos se mantienen.
Un caso que llama la atención es “la parada del 9”, operada desde hace 50 años por varios sindicatos, entre los que destaca Conatra, del senador Antonio Marte que enfrenta al gobierno debido al reacondicionamiento (desarrabalización) de ese punto, congestionada entrada norte a la ciudad de Santo Domingo.
Marte, como si “perdonara al gobierno” dice que no van a reclamar “compensación” por los 50 de operación allí (debería ser lo contrario por usufructo del lugar), pero ha revelado un acuerdo que frustra las esperanzas de la liberación del espacio público.
“Nos quedaremos atrás provisionalmente, donde se hacía (la parada) anteriormente para facilitar los trabajos”, dice Marte. ¿Atrás? ¿Provisionalmente? El mismo Marte, autoproclamado mensajearos de los choferes de carros y autobuses, admite que cuando se instalaron en los años 70, se convino en la provisionalidad de la decisión.
Informó que el ministerio de Obras Públicas hace algunas construcciones para facilitarle la “provisionalidad”, hasta que adquieran los terrenos de una estación de gasolina, en la misma zona, para instalar formalmente una terminal.
Se van, pero no se van, como reza el anuncio de la telefónica. ¡Uff!
