POR CARLOS SALCEDO.- La investigación abierta en torno al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) obliga a mirar más allá del expediente penal. El Ministerio Público sostiene, en una nueva fase del caso, que existieron autorizaciones médicas facturadas y cobradas por procedimientos que no habrían sido realizados.
La acusación deberá probarse en los tribunales y cada imputado conserva íntegramente su presunción de inocencia. Pero, aun antes de una sentencia, el caso plantea una cuestión institucional que el país no debería reducir al espectáculo de allanamientos y medidas de coerción.
SeNaSa no administra una mercancía cualquiera. Gestiona recursos destinados a garantizar acceso a servicios de salud. Por eso, una eventual defraudación contra esa institución tendría una dimensión distinta a la simple sustracción patrimonial: podría afectar la confianza de millones de afiliados en un sistema que existe precisamente para protegerlos cuando son más vulnerables.
El problema, por tanto, no es solamente penal. Es también de gobernanza, cumplimiento y control interno. ¿Cómo se autorizan procedimientos? ¿Quién verifica que fueron prestados? ¿Qué alertas generan patrones atípicos de facturación? ¿Qué responsabilidad corresponde a quienes diseñan, supervisan y auditan esos procesos? La persecución del delito llega necesariamente después. La buena administración debe intentar llegar antes.
También conviene evitar el error de convertir la indignación pública en una condena anticipada. Un Estado constitucional serio investiga con rigor, pero también individualiza conductas, permite la contradicción de la prueba y distingue entre sospecha, imputación y culpabilidad. La magnitud social de un caso no disminuye las garantías procesales; las hace todavía más importantes.
Hay una lección adicional
La corrupción en los sistemas de salud no solo erosiona presupuestos. Puede deformar prioridades médicas, deteriorar servicios y transformar al paciente en una cifra dentro de una estructura de incentivos perversos. Por eso el control no puede limitarse a descubrir culpables después del daño. Debe construir mecanismos que hagan más difícil que el fraude ocurra.
La tecnología puede ayudar, pero no sustituye la responsabilidad humana. Cruces automatizados, auditorías concurrentes, trazabilidad de autorizaciones y controles sobre prestadores son herramientas indispensables. También lo es la ética profesional: cuando un médico, un funcionario o un proveedor traiciona su deber, el daño alcanza a toda la institución.
El verdadero examen institucional de SeNaSa no terminará con una medida de coerción ni siquiera con una sentencia. Terminará cuando sepamos qué falló, quién debía detectarlo y qué cambió para impedir que vuelva a suceder. La justicia penal puede sancionar personas. La reforma institucional debe corregir sistemas. Y una democracia madura necesita ambas cosas.
