SANTO DOMINGO.- El siquiatra José Miguel Gómez, asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud mental, afirmó que en la República Dominicana no se están aplicando correctamente los protocolos para evaluar a imputados con problemas de salud mental, a propósito del caso de Jean Andrés Pumarol, que ha generado preocupación en la sociedad.
“En la República Dominicana, la inimputabilidad que hizo el juez evidentemente te dice que todavía no se están usando los procedimientos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), de la psiquiatría forense, para hacer las cosas como se corresponden en el protocolo”, precisó durante una entrevista en el programa Despierta con CDN
El especialista explicó que, cuando una persona con diagnóstico psiquiátrico comete un hecho violento como fue el caso de Pumarol, la justicia debe ordenar en un plazo no mayor de 72 horas una evaluación por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), a través de la unidad de psiquiatría forense para determinar la condición del imputado.
“En menos de 72 horas lo primero que tiene que hacer la justicia es pedir que el Inacif, los psiquiatras y los psicólogos forenses determinen la condición psicótica, la condición de enfermo mental, y si estaba en un brote agudo de la enfermedad”, indicó.
Indicó que esta evaluación permite determinar si el imputado se encontraba en un brote psicótico al momento del hecho, es decir, si tenía alteraciones como delirios, alucinaciones o pérdida de la capacidad de entender sus acciones y sus consecuencias.
“Estamos hablando de un brote psicótico cuando usted tiene delirio, alucinaciones, agitación psicomotriz, una alteración en el orden del pensamiento, y usted hace conductas determinadas por unas voces o una percepción alterada que tiene en ese momento”, manifestó
Gómez sostuvo que estos informes son fundamentales para que el juez tome decisiones, ya que el sistema judicial debe apoyarse en expertos en salud mental para establecer la condición real del imputado.
Asimismo, señaló que, en caso de confirmarse un trastorno mental, la persona debe ser enviada al sistema penitenciario con atención psiquiátrica, donde reciba tratamiento, rehabilitación y seguimiento antes de considerar cualquier medida como la libertad.
“La unidad de psiquiatría forense realiza esa evaluación y emite un informe cerrado con el diagnóstico completo, en el que participan el psiquiatra, el psicólogo y la trabajadora social. Eso le sirve a la justicia para establecer el diagnóstico. Una vez el juez revisa este informe, entonces determina enviarlo al sistema penitenciario, donde debe recibir tratamiento psiquiátrico”, dijo
El especialista también criticó que en el país no se está utilizando de manera adecuada la psiquiatría forense, lo que, a su juicio, provoca decisiones desiguales en la justicia.
Agregó que actualmente hay más de 500 internos con trastornos mentales en cárceles dominicanas, y que aún existen limitaciones en las unidades de atención dentro del sistema penitenciario.
“En la República Dominicana, la justicia sigue violando los protocolos, no utilizando la misma unidad de psiquiatría forense que se creó para estos casos. Y Roberto Santana, que es el encargado del sistema penitenciario en la República Dominicana, una persona muy responsable, ha dicho que aquí hay más de 500 enfermos mentales dentro de las cárceles”, sostuvo
Gómez consideró que la falta de aplicación de estos protocolos genera incertidumbre en la población, que cuestiona por qué algunos casos reciben un manejo distinto a otros, a pesar de presentar condiciones similares de salud mental.
Citó el caso de Ana Josefa García Cuello, imputada por la muerte de su hija de seis años, a quien el Juzgado de Atención Permanente del distrito judicial de Santo Domingo Este, le impuso 12 meses de prisión preventiva, como medida de coerción.
“Entonces, ahí se establece lo que la sociedad está pidiendo: que para unos hay programas de tratamiento y para otros se quedan en la cárcel, como fue el caso de esta militar que mató también a la niña, que tiene una condición psiquiátrica, y no le han pasado justicia, ni la quieren mandar a su casa, ni determinan qué van a hacer. Pero así también hay otros presos en esa condición”, explicó
El especialista llamó a fortalecer la coordinación entre el sistema judicial, el sistema penitenciario y las autoridades de salud, para garantizar un tratamiento adecuado y decisiones más justas en este tipo de casos.
El caso Pumarol
El pasado miércoles, el Ministerio Público informó que apelará la decisión emitida por el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, que dictó auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso. Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, porque en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar. La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 9 de abril de 2026.
ROSMERY FELIZ
