SANTO DOMINGO.- Alrededor del mediodía del lunes 6 de junio, Miguel de Jesús Cruz de la Mota ingresó a la sede del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y se adentró en las oficinas del ministro, Orlando Jorge Mera, y lo mató de varios disparos al no haber conseguido la aprobación de permisos medioambientales para la exportación de baterías usadas.
La trágica muerte del dirigente político fue la nota roja que marcó el 2022, ya que hacía recordar lo sucedido en 2015 cuando mataron a tiros al entonces alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos (Juancito Sport) en su oficina de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu). Con la muerte de Jorge Mera y las amenazas recibidas por el ministro de Educación, Ángel Hernández, hicieron que la ola de violencia tocara las puertas del gabinete del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, los 308 homicidios ocurridos en el territorio nacional hasta el 17 de noviembre (según cifras del Ministerio de Interior y Policía), muestran que la problemática ha estado presente en el escaparate público en todo el 2022.
Los últimos
Justo este fin de semana que recién culminó, un menor de 14 años de edad le disparó con una escopeta a su primo de 13 años, ocasionándole la muerte, en Las Calderas, Baní, provincia Peravia.
De acuerdo con los detalles recogidos por LISTÍN DIARIO, las circunstancias en la que ocurrieron los hechos aún bajo investigación por las autoridades policiales, pero según el médico forense Walter López, el niño recibió un disparo en el pecho “inevitablemente mortal”.
El fallecido cursaba el sexto grado de primaria y vivía con su abuela, Nola Villar, en el cruce de Arroyo Hondo.
Otro ocurrido en el último fin de semana, cuando un asaltante falleció durante un intento de asalto una compraventa en el ensanche Espaillat; en el hecho resultó herido Herson Ramírez, seguridad de la compraventa Alexandra, resultó herido por un golpe en la cabeza tras ser encañonado por los asaltantes.
Según expresó, lo golpearon y lo tiraron al piso, no recuerda otros detalles de lo sucedido.
Antes de ese fin de semana, se reportó que dos hombres murieron y tres resultaron heridos en medio de un supuesto intento de secuestro en el municipio Pimentel, provincia Duarte.
Los muertos fueron identificados como Eddy Luis Ureña Ortega, de 25 años de edad, y Carlos Humberto Núñez Santos (La Pula).
Los heridos son Edward Ureña Gómez, Esmerlin Rojas y otro solo identificado como Quilvio, quienes fueron trasladados al hospital San Vicente de Paúl, en San Francisco de Macorís.
Según datos preliminares, oficiales de la Policía intervinieron en un intento de secuestro a cuatro colombianos, quienes están detenidos para fines de investigación.
Mientras que en otro hecho, un hombre mató a su expareja de varios disparos y luego se suicidó en el sector Padre Marcos, conocido como Pueblo Abajo, del municipio Castillo, en la provincia Duarte.
La mujer fue identificada como Dulce María Pérez Santos, de 34 años, quien tenía una niña en los brazos cuando Nicolás Cáceres Pérez, conocido como Páparo, de 45 años, le disparó. Ambos eran de la comunidad Bomba de Yaiba, en Las Taranas de Villa Riva.
Los más sonoros
Uno de los casos que causaron más consternación en la sociedad dominicana ocurrió la noche del sábado 20 de agosto en Los Alcarrizos cuando Esteban Javier Cora, un agente de la Policía Nacional, adscrito a la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), de 31 años de edad, mató a su expareja, a la madre y hermana de esta y a otro hombre y también hirió a un niño.
Luego de cometer el cuádruple homicidio, Cora pidió perdón a sus hijos y le pidió a su madre cuidar de ellos, y justificó su acción diciendo que se encontraba en depresión. “Yo estaba en depresión, estaba tratando de buscar ayuda, solo quería estar con mi familia”, fue lo dicho por Cora.
Las víctimas fueron Marianeli Rosario Tejeda, de 36 años; India Paola Rosario de la Cruz, de 16 años; Indira de la Cruz, de 19 y el señor Liran Méndez Báez, de 54.
Otro hecho que acaparó titulares de los medios comunicación, fue el ocurrido en la madrugada del viernes 19 de agosto cuando el comunicador y animador deportivo, Manuel Tavárez Duncan, resultó abatido de varios disparos, incluyendo uno a ejecución, mientras se encontraba compartiendo en un establecimiento de comida rápida ubicado en la avenida Núñez de Cáceres esquina Rómulo Betancourt de la capital.
Luego de varias versiones y múltiples especulaciones, al final de la noche se hacía oficial la noticia de que el asesino del comunicador fue el vicealmirante retirado y expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Félix Alburquerque Comprés.
Alburquerque fue entrevistado por la periodista Priema Almonte, a quien le indicó que al sentir hambre y como el establecimiento de comida Rico Hot Dog estaba cerca de su casa, acudió allí. Una vez en el lugar Manuel Tavárez Duncan lo agrede, al pensar que se reía de él porque le había caído kétchup en “la camisa o en el T-shirt”.
Ola de atracos
No solo fueron los homicidios y las muertes violentas los que marcaron el 2022, pues cada cierto tiempo circulaba en las redes sociales un video en donde asaltantes “en manada” le caían a ciudadanos para despojarlos de sus pertenencias.
En LISTÍN DIARIO se recogían impresiones de cómo varios sectores, principalmente del Gran Santo Domingo, reclamaban el aumento del patrullaje ya que los asaltos sucedían a plena luz del día y los delincuentes parecían burlarse de las autoridades.
Uno de los asaltos que más impacto provocó en la población ocurrió a finales del mes de mayo, cuando varios hombres armados ingresaron a una bomba de gas en Los Mameyes y violaron a un camión de transporte de valores, sustrayendo unos RD$9,500,000, según cifras reportadas por las autoridades.
Casi tres meses después del hecho, se reportaba que Johan Gomera Tejeda (a) Johan la Volanta, de 52 años, y Ángel Darven Medina Roa (a) El Gordo y/o Ñaña, de 47 fueron detenidos por el hecho, mientras que en un allanamiento Rafael Antonio Peralta Liriano, de 29, fue muerto en un “intercambio de disparos”.
El auge de asaltos y la constante queja de la ciudadanía llevó a que el presidente Luis Abinader hiciera un “llamado al alto” de la delincuencia, asegurándole a los delincuentes que “serán enfrentados” por el Gobierno, en caso de no detenerse.
“Les quiero decir en estos momentos que los delincuentes o se entregan o serán enfrentados drásticamente por la Policía Nacional y por el Gobierno. Estamos preparando y hemos avanzado bastante, aunque nos falta, una institución del orden para enfrentar verdaderamente a los delincuentes”, señaló el presidente Abinader en esa oportunidad.
Semanas después y tras el lanzamiento del acostumbrado “operativo navideño”, la Policía Nacional envió un comunicado de prensa en donde reportaba que en “un lapso de 24 horas”, agentes policiales apresaron a unos 45 presuntos delincuentes sorprendidos en flagrante delito en distintas regiones del país, tres que se encontraban prófugos y otros 32 que de inmediato fueron enviados a distintas fiscalías por tener casos pendientes, lo cual demuestra la efectividad de los operativos preventivos desplegados por agentes policiales.
El reporte policial indica, además, que fueron requisadas y depuradas 16,117 personas, de las cuales 1,715 quedaron retenidas para fines de una investigación más profunda; en la operatividad también quedaron detenidas seis personas en atención a órdenes de arresto por acusaciones vinculadas a violencia de género.
La reforma policial
Justo en medio de todos esos sucesos, el Gobierno comenzó “de lleno” con la reforma policial y mientras el presidente Abinader utilizaba frases como que no “tiene una varita mágica” para resolver el problema de la Policía Nacional, se adelantaron medidas como ejecución inmediata de instalación de cámaras en todas las patrullas y la creación de un centro operativo policial en tiempo real, contando con el apoyo de las cámaras fijas del 911; la instalación de cámaras móviles incorporadas a las patrullas; la implantación del Sistema Policial de Consulta Criminológica en los teléfonos de las patrullas para la depuración no intrusiva y respetuosa de los ciudadanos que sean requeridos por la autoridad en cualquier circunstancia; la creación de un centro nacional de control de tránsito y revisión y mejora de la inspectoría de tráfico; la instalación de cámaras en todos los destacamentos; la instalación de un centro de control y monitoreo de los destacamentos en el Ministerio de Interior y Policía y colocar bajo la supervisión directa del Ministerio de Interior y Policía el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, con el fin de garantizar la investigación pronta y rigurosa de los casos que se den.
Además de la mejora de los sistemas y procesos de la Inspectoría General, dotándola de mayores capacidades de control e instrucción de casos; acelerar la realización de pruebas de integridad de todos los agentes, comenzando por los altos cargos de la Policía Nacional, entre otras medidas que buscan ser cumplidas.
Muerto en destacamento
Ese anuncio sucedía apenas días después de que el joven David de los Santos resultara muerto mientras se encontraba bajo custodia policial en el destacamento de Naco, por ese caso se encuentran bajo prisión preventiva sus compañeros de celda en ese momento y los agentes que se encontraban de turno, quienes lo molieron a golpes.
Un caso parecido ocurrió en San José de Ocoa, con José Gregorio Custodio quien le declaró a su madre en el hospital que “la policía lo había reventado a golpes”, sin embargo los resultados de la autopsia reportados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) dijeron que falleció por un infarto.
En los días recientes, el comisionado ejecutivo para la reforma de la Policía Nacional, José Vila del Castillo, reveló que en el proceso han luchado contra lo que denominó el elefante blanco y la lacra de la corrupción para adecentar esa institución y agregó que durante la gestión del mayor general Eduardo Alberto Then desmontaron una estructura que cobraba por nombrar en los puestos policiales, decidir los traslados, los ascensos, cobrar las pensiones, renovar los uniformes y las armas nuevas, así como otras irregularidades.
“Lo digo así de claro, una corrupción histórica, sistemática, llevada de un director a otro, impulsada desde la cabeza, obligando al último raso a pertenecer a ella”, indicó Vila del Castillo al participar como expositor en el seminario internacional sobre Seguridad Ciudadana, en la biblioteca Pedro Mir, de la UASD.
Esas declaraciones llevaron a varios exjefes policiales a defender sus gestiones y a considerar como una afrenta inaceptable y un atentado contra su honor y dignidad como ciudadano y como servidores público.
Mientras, los ciudadanos dominicanos siguen esperando que el “eterno problema” de la inseguridad que azota al país, sea resuelto en algún momento.
JAVIER FLORES
