POR LEONEL FERNANDEZ.- En su reciente informe sobre perspectivas de la economía global (Global Economic Prospects), el Banco Mundial sostiene que para este año, 2026, el crecimiento de la economía, a nivel mundial, disminuirá a 2.5%, el más débil en 20 años, fuera de los periodos de recesión.
Afirma que la economía global se enfrenta a un nuevo shock; que el conflicto en el Medio Oriente ha implicado un incremento de los precios de la energía; ha renovado presiones inflacionarias y ha despertado expectativas de políticas monetarias restrictivas.
La proyección es que, el crecimiento económico de las economías emergentes (como es el caso de República Dominicana) será más débil en el 2026 que en el año anterior, siendo el ingreso per cápita el más bajo desde la pandemia.
Como puede observarse, las proyecciones del Banco Mundial no son nada halagüeñas. Por el contrario, lucen sombrías y preocupantes.
A pesar de eso, no se conoce de ningún país en el planeta que en medio de esas circunstancias, haya decidido poner en ejecución un plan de reforma fiscal para aumentar los ingresos del gobierno y de esa manera enfrentar la crisis.
En ese contexto, lo que hizo el Ministerio de Hacienda y Economía de nuestro país el pasado jueves, 11 de junio, fue poner en escena una estrategia de comunicación para evitar hacer uso del término reforma fiscal y emplear el de medidas de crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional.
Sobre ese particular, el despliegue mediático ha sido espléndido y sensacional. Los titulares de periódicos no han podido ser más condescendientes. Lo que se procura es manipular la opinión pública de tal manera que la sociedad llegue a considerar que más que un incremento de cobro de impuestos, con puntos como la amnistía fiscal y la eliminación del anticipo, se trata de un gesto benévolo del gobierno, ante el cual toda la sociedad debe inclinarse en forma reverente, con espíritu de gratitud.
Intentos fallidos
Existe un consenso entre los distintos sectores que componen la vida nacional, de que constituye una necesidad imperativa llevar a cabo un pacto fiscal, tal como lo exige la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
Es algo que se entiende debido a los bajos ingresos fiscales que recibe el Estado dominicano, de menos del 15% del PIB, y el aumento de las demandas sociales, en áreas como la educación, la salud, los servicios de energía, agua potable y vivienda, entre otros.
Comprendemos que la realización de esa reforma fiscal no fuese posible en el marco de la pandemia del Covid-19; y que por tales motivos el gobierno que, en principio se sintió tentado a promoverla, tuvo que ceder y dar marcha atrás.
Posteriormente, en octubre del 2024, en un momento político relativamente en calma, posterior a un certamen electoral, favorable, el gobierno improvisó un llamado proyecto de modernización fiscal.
Distintos sectores de la sociedad, que habían sido consultados, pero no escuchados, se quedaron estupefactos, perplejos, ante el desaguisado de un proyecto de ley, cuya única virtud fue la de lograr la unidad de toda la sociedad dominicana en su contra.
El gobierno entendió el mensaje y puso pie en polvorosa. Huyó rápidamente de la escena, enterró el tema, despidió al Ministro de hacienda y llegó a considerarse que ya el momento político le hacía imposible a esta gestión de gobierno proponer una nueva reforma fiscal.
Pero nos equivocamos. El gobierno ha sido más que perseverante. Sigilosamente, de manera subrepticia, empezó a implementar medidas administrativas de aumento de recaudaciones, como el pago del peaje, que pasó de 60 a 100 pesos, por una vía, y que ahora se extiende a 200 pesos por el cobro del retorno.
Igualmente, con el reiterado intento de gravar con un 18% las plataformas digitales como Netflix o Spotify, lo cual se adoptó mediante el decreto 30-25, que como ya es costumbre, el gobierno dejó sin efecto al sentir la presión de las redes sociales.
Ahora, con todas las cicatrices acumuladas de intentos fallidos previos, el gobierno, de manera más calculada y sofisticada, vuelve a la carga, esta vez cambiándole el nombre maligno de reforma fiscal por el de “plan anticrisis”.
Gobierno en contradicción
A pesar de que el gobierno ha asumido el criterio de un impacto negativo de la crisis del Medio Oriente en el desempeño de la economía nacional, el Banco Central, en cambio, presenta un panorama idílico de la situación del país, contrariando las proyecciones del Banco Mundial para la economía del planeta.
Afirma que la economía dominicana creció 4.1% entre enero y abril de 2026; que en marzo, inclusive, fue de 5.1%; que el empleo sigue expandiéndose; las remesas baten récords; el turismo no cesa de crecer; la inversión extranjera aumenta; y nuestra economía sigue siendo una de las de mayor dinamismo de la región.
Ante ese argumento, la pregunta inevitable sería: si somos el punto de referencia global, ¿por qué, en estos momentos, se requiere de un proyecto de ley para promover el crecimiento económico y mitigar el impacto de la crisis internacional?
Las tensiones geopolíticas del Medio Oriente no han sido la causa de la crisis dominicana. Han contribuido a agravarla, pero sus orígenes se encuentran en el resultado de la política de gasto llevada a cabo por la actual gestión del PRM.
El actual gobierno no puede quejarse de los ingresos que durante cerca de seis años ha recibido. Es la gestión que mayor cantidad de ingresos ha podido disponer en toda la historia dominicana, alcanzando la cifra de más de 7 trillones de pesos, o lo que es igual, 7 millones de millones. ¡Increíble!
Pero al lado de esos fabulosos ingresos, el gobierno ha incrementado el gasto público, de manera excesiva e irresponsable, como nunca se había visto, en más de un 85%; y de eso, la mayor parte en gasto corriente.
Ahora pretende corregir su propio entuerto presentando, de manera encubierta, una reforma fiscal que, por más vueltas que se le quiera dar, terminará afectando el bolsillo de los dominicanos.
