POR JUAN TAVERAS HERNANDEZ.- El pueblo dominicano tenía más hambre de justicia, que de pan. La gente se lanzó a las calles, llenó plazas y parques en todo el territorio nacional exigiendo justicia, que los depredadores del erario fueran sometidos, condenados y despojados de los bienes que impunemente se robaron durante más de 20 años
Aun retundan en mis oídos las promesas del entonces candidato presidencial Luis Abinader de enviar a los tribunales a los corruptos para que pagaran sus culpas: “no habrá impunidad para la corrupción del pasado, ni tampoco para la que se cometa en el futuro”, dijo el mandatario durante su discurso de toma de posesión, hace más de tres años. Y lo reiteró, una y otra vez, tras el juramento ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República”.
No tengo dudas sobre el interés del presidente Abinader de combatir y condenar la corrupción en todas sus manifestaciones. Pero, creo que pecó de ingenuo. No era posible hacer justicia con un sistema hipertrofiado por los vicios del peculado.
Para salir airoso de la lucha contra el saqueo y el robo de los bienes públicos era absolutamente necesario producir cambios profundos, radicales, incluso, en toda la estructura judicial, desde abajo, hasta arriba.
No bastaba, lo he dicho otras veces, con nombrar a la honorable magistrada Mirian Germán como jefa del Ministerio Público, que ha sido desbordada.
La independencia del Ministerio Público no la da una persona, por muy capaz y honesta que sea, cuando todos los demás fiscales, absolutamente todos, le deben sus cargos a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que se convirtió en un partido hegemónico, controlando todos los poderes del Estado, incluyendo los poderes fácticos, como el empresariado, la prensa, las iglesias, etc.
El PLD se convirtió en una Corporación Económica y Política. Se blindó a través del Ministerio Público, del Consejo Nacional de la Magistratura, las “Altas Cortes”, la Suprema Corte de Justicia y todos los tribunales. No era posible hacer justicia sin destruir ese andamiaje judicial.
Había que derribar esa estructura levantada para garantizar la impunidad de los políticos corruptos que hoy exhiben sus fortunas con el mayor descaro. Y lo peor de todo, el presidente Abinader no puede, amparado en la Constitución y las leyes, hacer más de lo que ha hecho.
Mirian Germán, tampoco.
Esa Constitución y esas Leyes, aprobadas por los legisladores del PLD, terminan protegiendo a los delincuentes de la política. (Para eso se aprobaron, para crear un bunker jurídico que los protegiera de la indignación, la rabia y la impotencia del pueblo, al ver que es el propio Sistema de Justicia el que protege a los ladrones)
