El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez fijó posición en torno Ley 1-24, que regula el Sistema Nacional de Inteligencia y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la que catalogó como inconstitucional y “retrógrada”, ya que la misma deja abierta a todas luces, una brecha inaceptable con rasgos dictatoriales.
“Es alarmante e inaceptable leer entre líneas lo que pretenden pasar por debajo de la mesa en este proyecto de ley, porque la libertad de expresión y la democracia han costado mucha sangre, mucho sacrificio y muchos años de lucha al pueblo dominicano. Peor aún, con esta pieza se busca otorgar poderes únicos al DNI, para actuar al margen del órgano persecutor dominicano que es el Ministerio Público, dejando de lado, además, lo que establece el Código Procesal Penal, todo lo referente al debido proceso en las investigaciones y pasando por encima de las leyes que regulan al mismo Ministerio Público, al Poder Judicial y a las Fuerzas Armadas”, indicó.
A través de un comunicado de prensa, calificó de “altamente preocupante” el Art. 9 de la ley, con el que se busca que dentro de las atribuciones del DNI, quede establecido que las investigaciones que realizarán ante personas o instituciones, serán de acuerdo a sus propias consideraciones, sin orden de ningún juez ni participación del Ministerio Público, aun este último esté implicado en la investigación, por lo tanto, se podrá investigar a una persona e intervenir su teléfono, entre otras violaciones a la intimidad, lo que es una violación a la privacidad, según establece nuestra Constitución en su artículo 54.
También hace referencia al Art. 27 que establece sanciones contra personas que divulguen o manejen información que sean parte de una investigación que el DNI esté realizando, o si ellos consideran que esas informaciones pudieran afectar la seguridad nacional.
“Pero hay que preguntarse bajo cuáles criterios de legalidad y justicia van a determinar ellos sus actuaciones, si todo indica que actuarán al margen de toda ley y reportándose únicamente con el Poder Ejecutivo”, dijo.
“No podemos volver a la época en que se violentaban derechos abiertamente, con intervenciones de teléfonos medalaganarias, detenciones arbitrarias para supuestas investigaciones, sin ninguna orden judicial, sin presencia del Ministerio Público ni de nadie que vele por los derechos de los ciudadanos. Entendemos que el Estado es el primero que debe poner el orden, el ejemplo y que, en tal caso, lo idóneo es que se asigne un juez especial para conocer este tipo de peticiones. Eso es cumplir y hacer cumplir la ley”, expresó.
