El Congreso de El Salvador aprobó el miércoles algunas reformas al Código Penal para que formar parte de una pandilla constituya un delito. La decisión se tomó tras un alza en la violencia ejercida por pandilleros que dejaron 62 homicidios el sábado y el establecimiento de un polémico estado de excepción por parte del gobierno.
Según dijo por la tarde el ministro de Justicia y Seguridad Publica, Gustavo Villatoro, pertenecer a una mara podría ser “castigado con una pena ejemplar”. Según lo aprobado, las maras, pandillas o cualquier organización conformada con el fin de delinquir se considerarán penalmente ilícitas y sus miembros podrían ser sancionados con una pena de 20 a 40 años de prisión. Los líderes podrían tener una pena de 40 a 45 años de cárcel.
Las reformas fueron una iniciativa del presidente Nayib Bukele para modificar las reglas relativas a la sanción de algunas conductas delictivas cometidas por pandilleros, sus colaboradores o financistas. Las modificaciones se aprobaron con los votos de 76 de los 84 diputados y para su entrada en vigencia es necesaria su publicación en el Diario Oficial. Tras la aprobación del Congreso quedaron en manos de Bukele para que las sancione, lo que podría ocurrir el mismo miércoles o jueves.
Para combatir la alarmante violencia, a pedido del mandatario el Congreso aprobó el domingo el estado de excepción, que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones de arresto, así como a la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.
La suspensión de garantías constitucionales no afecta la libertad de expresión o libre circulación. La medida durará 30 días aunque se podrá extender por otro mes.
Bukele informó en Twitter que en cuatro días de régimen de excepción han sido capturados 2.163 pandilleros. “Ninguno saldrá libre. Seguimos”. Más temprano, la Policía Nacional Civil reportó el primer día sin homicidios.
En tanto, las fuerzas de seguridad apoyadas por contingentes de soldados continúan realizando patrullajes y allanando comunidades populosas para perseguir a los pandilleros. En estas comunidades soldados armados con fusiles M-16 han montadas barricadas con púas y controlan las entradas y salidas de personas, que son sometidas a un minucioso registro. Las mujeres y niños no son la excepción.
En las redes sociales se han hecho virales fotografías de soldados registrando las mochilas de los niños. “No puede suponerse que todos los niños que viven en lugares de extrema pobreza o asediados por estructuras son colaboradores de las pandillas”, dijo a periodistas la abogada defensora de derechos humanos Zaira Navas.
Por su parte el abogado Eduardo Escobar, de la ONG Acción Ciudadana, señaló el cierre de algunas comunidades, que dijo no esta incluido en el régimen de excepción y censuró los cateos a niños.
Pero no todas son criticas. Personas de a pie, aunque dicen que han sido objeto de revisiones de parte de los policías y soldados, no condenan las haciendo el gobierno contra los pandilleros. “Todos, no solo yo, también la gente estudiada sabe que (los pandilleros) son malos, matan, roban hacen lo quieren. Yo estoy de acuerdo que les apliquen toda la fuerza”, dijo a la AP la señora Marta Maravilla, luego de hacer las compras del día en uno de los mercados de la ciudad.
Las autoridades también mantienen en emergencia las cárceles, donde más de 16.000 pandilleros cumplen condenas o están sometidos a procesos penales por diferentes crímenes.
Bukele ordenó que permanezcan en sus celdas “sin poder ver ni un rayo del sol”. Les decomisaron las colchonetas para dormir y les racionaron la comida a solo dos al día. En un mensaje dirigido a los pandilleros que están en las calles el mandatario advirtió que, si no paran de matar, sus compañeros en las cárceles pagarán las consecuencias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su preocupación por la emergencia máxima en las cárceles y dijo que el Salvador debe “revertir urgentemente todas las medidas que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas que están bajo custodia”.
Bukele cuestionó a la CIDH y sostuvo en Twitter que “cuando los pandilleros asesinaron a decenas de personas inocentes, la CIDH no dijo NI UNA TAN SOLA PALABRA. Pero no tardaron ni un día en condenar que nos pusimos más duros con ellos en las cárceles”.
AP
