SANTO DOMINGO.- El secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés, criticó las acciones que comete el Ministerio Público en su llamada lucha contra la corrupción, que incluye allanamiento en la madrugada a una señora de 81 años y enferma, así como la filtración a los medios de interrogatorios y expedientes que solo deben ser de conocimiento de las partes.
Deploró que los investigadores allanaron a los 2:15 de la mañana la casa de la dama, que se dializa tres veces por semana, investigada en el caso Calamar porque a pesar de que tiene una serie de sentencias favorables por expropiación de terrenos, la acusan de falsificar títulos.
Dantés preguntó si ese tipo de actuación de los fiscales es “correcta, objetiva, humana o necesaria”, porque en su opinión eso “está dañando la credibilidad en los procesos que lleva adelante el ministerio público en su lucha contra la corrupción”.
Igualmente, consideró violatorio del proceso la filtración a la prensa del contenido de acusaciones que se van a usar para solicitar medidas de coerción contra ciudadanos.
“Mientras esa fase de la investigación sea secreta, no puede (el ministerio público) dar a conocer absolutamente nada a un tercero que no sea una de esas otras dos partes”, explicó.
Dijo que eso no puede hacerse porque provoca un condicionamiento de la opinión pública que “ya se va creando una percepción de lo que de una manera antojadiza van filtrando”.
Entrevistado por Pablo McKinney en su programa televisivo “McKinney”, por Color Visión, admitió que en la gestión de Jean Alain Rodríguez se cometieron acciones “violatorias de la dignidad de esas personas” investigadas por caso Odebrecht, pero aclaró que no fueron dirigidas solo contra un partido opositor al gobierno.
“En ese caso los afectados no fueron exclusivamente de un solo partido, de un partido de oposición”, expresó.
Agregó que hubo inclusive funcionarios del propio gobierno y de partidos de oposición porque se entendía que su responsabilidad penal estaba comprometida.
“Los supuestos delatores que reconocen la comisión de unos hechos ilícitos que sustrajeron miles de millones de pesos, están sueltos, no están imputados, y los que niegan los hechos porque lo único que hay en contra de algunos de ellos es el testimonio de estas personas que negociaron con el ministerio público, son los que guardan prisión preventiva”, acotó.
