Iguales ante la ley

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POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Al fin, cami­namos lenta­mente hacia la igualdad ante la ley, de­recho constitucional igno­rado desde siempre. “Unos menos iguales que otros”, le han espetado en la cara a los reclamantes de trato igualitario en tono burlón.

Al margen de los resulta­dos finales de los procesos penales abiertos: civiles y militares, generales y rasos y personajes de poder polí­tico y económico e hijos de vecinos comienzan a recibir tratos similares.

Inquieta, molesta y se generan murmuraciones en determinados círculos que presumían de ser inal­canzable ante el brazo de la justicia. Empero, genera esperanza que la corrup­ción puede ser combatida y que algún día podríamos ver el fin de la impunidad.

Los mensajes son fun­damentales: cuidar a un presidente no te hace in­falible, el uniforme precisa de obligaciones en el com­portamiento, las creencias religiosas no son eximen­tes y los fondos públicos se respetan.

El paciente trabajo del ministerio público, que encabeza Miriam Germán evidencia frutos con respe­to al debido proceso, con arrestos después de innu­merables entrevistas a sos­pechosos o mencionados en irregularidades admi­nistrativas.

El caso Coral, que tiene como imputado principal al exjefe del Cuerpo Es­pecializado de Seguridad Presidencial, mayor ge­neral Adán Cáceres, en el cargo 8 años, y que ha con­tinuado como responsable de la protección del expre­sidente Danilo Medina, es ejemplarizante por su rol pasado y presente y por la tradición militar y política respecto de quienes han desempeñado esas influ­yentes posiciones.

Cáceres, la pastora Ros­sy Guzmán Sánchez y su hijo, cabo policial Tanner Flete Guzmán; el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro Mon­tero Cruz y el mayor del Ejército Raúl Girón Jimé­nez son acusados de varia­dos hechos de corrupción.

El grupo fue apresado el 24 abril, y al día siguiente el Partido de la Liberación Dominicana, que preside Medina alegó persecución política y luego refrendó un fallido comunicado de la defensa técnica de Cá­ceres mediante un tuit que posteriormente fue borra­do. Institucionalmente el PLD no ha vuelto a referir­se al tema, aunque sus vo­ceros cuestionan el proce­so.

Los abogados defendie­ron su acumulación eco­nómica y alegaron “servi­cio a la Patria” de Cáceres al encabezar tropas de in­tervención en Irak en la administración de Hipólito Mejía, hecho que provocó la renuncia del entonces canciller Hugo Tolenti­no por ser una mascarada norteamericana sin apoyo de la ONU. Mejía, además eludió la aprobación del Congreso Nacional.

Al iniciarse los debates Cáceres y la pastora defen­dieron sus fortunas, pero el jueves la situación dio un giro inesperado y con­tundente contra los impu­tados, cuando el mayor Gi­rón Jiménez admitió los hechos y ofreció amplias explicaciones de las opera­ciones del grupo.

El militar ofreció nume­rosos nombres y dijo que la situación se mantiene en Cestur y CUSEP y con­cluyó que el ministerio pú­blico tiene las pruebas de todo lo que él dijo. Alegó que si negaba a participar en aquel momento le ma­tarían.

Cáceres se sintió indig­nado por los pronuncia­mientos de Girón, que con­firmaba con datos viejos esquemas de corrupción desde el siglo pasado, aun­que nunca antes planteado ante un mayor general en activo procesado y esposa­do.

El ministerio de Defen­sa se vio precisado a un inusual comunicado ante “expresiones de preocupa­ción y críticas sobre el rol e integridad de las Fuerzas armadas” y explicó que el Estado Mayor General de las Fuerzas Amaradas ga­rantiza” que quienes se aparten de su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, NO encontrarán cobijo en las filas militares y tendrán que responder ante la jus­ticia”

El presidente Luis Abi­nader ha guardado distan­cia respecto al tema.

Parece que comenzamos a cambiar.

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Redacción

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