MANAGUA.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles el “asedio policial” y los “hostigamientos” registrados en la jornada electoral del pasado domingo en Nicaragua, y días previos.
El organismo expresó su preocupación por el discurso del dictador del país, Daniel Ortega, quien apuntó de “forma ofensiva e intimidante” a los dirigentes opositores y activistas detenidos.
“Entre el 5 y 7 de noviembre, la CIDH recibió información sobre el incremento del asedio policial, actos de hostigamiento, allanamientos, amenazas y detenciones arbitrarias, en contra de líderes de oposición, activistas de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas, en diferentes departamentos del país”, detalló el organismo en un comunicado.
Estos actos, “habrían sido perpetrados en su mayoría por agentes policiales, parapoliciales y simpatizantes del Gobierno”, y habrían resultado en “al menos 23 personas detenidas arbitrariamente en nueve departamentos, sin orden de captura y sin brindar información a familiares”.
Además, integrantes de los antiguos Consejos del Poder Ciudadano (CPC) “habrían visitado viviendas, llamando a votar por el partido del régimen–el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)–, como forma de intimidación”, ha denunciado la CIDH de acuerdo a información recibida.
Por otro lado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión expresó su preocupación los “múltiples reportes” sobre restricciones a la libertad de prensa en el contexto de la jornada electoral.
Según las denuncias, se habrían producido sucesos como “la prohibición de acercamiento de personas reporteras a los colegios electorales, actos de hostigamiento a medios de comunicación y periodistas, la detención temporal de periodistas y la incautación de los equipos personales y de trabajo, la obligación de transmitir en cadena nacional un discurso presidencial en plena jornada electoral o la transmisión en medios oficialistas de propaganda electoral, así como la expulsión y denegación del ingreso de la prensa internacional al país para cubrir los comicios”.
Con posterioridad a las elecciones, la Comisión y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) también recibió información sobre funcionarios públicos que “habrían sido obligados a ejercer su voto a favor de Daniel Ortega”.
Estos funcionarios habrían sido presionados, por otro lado, “a enviar constancia de participación en los comicios mediante fotografías o la muestra del dedo manchado con tinta indeleble por la votación”. Todo ello, “bajo amenaza de despido”, relató la CIDH.
“Se conoció también sobre la detención de un líder estudiantil; así como represalias en contra de personas que no habrían mostrado prueba de haber votado como el dedo manchado con tinta indeleble. En particular, a los estudiantes de Medicina se les habría prohibido el ingreso a universidades y a hospitales donde realizan sus prácticas como forma de retaliación”, continuó explicando la Comisión.
DISCURSO “INTIMIDANTE”
Por otra parte, la CIDH mostró su preocupación respecto del discurso de Ortega transmitido en cadena nacional el pasado lunes, 8 de noviembre, después de que el ente electoral nicaragüense le otorgase la victoria en las cuestionadas elecciones.
En su intervención, el dictador se refirió de “forma ofensiva e intimidante” a “las más de 30 personas privadas de la libertad en el contexto electoral”, entre las que se encuentran, líderes de movimientos sociales, periodistas, personas defensoras y precandidatas presidenciales, “indicando que por sus acciones no deberían ser considerados nicaragüenses, y enviadas a otro país”.
“Este tipo de declaraciones contribuyen a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia contra las personas identificadas como opositoras al Gobierno, lo que, a su vez, podría ser mayor riesgo para la vida e integridad, en especial, de aquellas que permanecen bajo custodia estatal”, alertó la CIDH al respecto.
En este sentido, llamó a las autoridades del país centroamericano a “abstenerse de realizar declaraciones que tengan como objeto deslegitimar la defensa de los Derechos Humanos”.
Al mismo tiempo, urgió a Nicaragua a “liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente” en contexto electoral y desde el inicio de la crisis, así como “a cesar los ataques en contra de opositores” y “toda acción que afecte los derechos de periodistas y a los medios de información”.
“El Estado debe restablecer el goce pleno de todos los derechos civiles y políticos, así como las garantías y libertades fundamentales”, dijo.
