Unas 538 personas han muerto a manos de la Policía Nacional desde el año 2017 hasta agosto de este año, según establecen las estadísticas de la Procuraduría General de la República (PGR), basada en datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y del órgano policial.
En un cálculo, cuando se divide el total de estos homicidios entre los 56 meses en los que se recogieron los datos, se obtiene el dato de que más de nueve personas mueren cada mes en la República Dominicana víctimas de la acción policial.
De manera detallada, las estadísticas contabilizan que en 2017, en el último tramo de la gestión del mayor general Nelson Peguero Paredes, hubo 140 de estos homicidios; mientras que en los tres años en que estaba dirigiendo la Policía Nacional el mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte hubo 345 muertes por acción policial. O sea, 162 muertes en 2018; en el año 2019 registraron 103; y en 2020 contabilizaron 80 casos.
En tanto que en los último ocho meses de este año 2021, durante la administración del mayor general Edward Sánchez González, las autoridades registraron 53 homicidios por intervención de la policía.
¿Dónde ocurrieron?
Las estadísticas revelan que la provincia Santo Domingo fue la demarcación en donde se registró la mayoría de estos crímenes (118 casos), seguida de Santiago con 89 homicidios de este tipo; está San Cristóbal con 41 casos en el periodo de los casi cinco años y en el Distrito Nacional se contaron 41.Derechos Humanos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) difiere de las estadísticas de la Procuraduría sobre la cantidad de ciudadanos que han caído “como consecuencia de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía en los últimos cinco años”.
Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH, indica que conforme a los datos de la institución que preside, la cantidad de esas “ejecuciones” es mayor.
“Según nuestros registros, en estos últimos cinco años han ocurrido aproximadamente 800 muertes de este tipo. Lo que resulta es que hay casos que no son revelados por la Policía Nacional de manera oficial”, explica.
Sin embargo, entiende que incluso los 538 casos que reportan las autoridades es una cantidad preocupante, pues entiende que en un Estado de derechos ningún ciudadano debe caer víctima de los policías.
María Mercedes también cita como un dato preocupante la falta de información sobre sanciones o condena a agentes que participan en la muerte de un ciudadanos.
“Si la Procuraduría dice que han ocurrido esa cantidad de muertes, preguntémonos cuántos de esos han sido condenados, pero cuando usted busca esas estadísticas no existen, porque la Procuraduría no las tiene”, manifiesta Manuel María Mercedes.
De acuerdo con las declaraciones del representante de los Derechos Humanos, los casos en los que policías son sometidos a la justicia son los que se ven envueltos en sucesos que tienen mucha publicidad a través de los medios de comunicación. Dice que la mayoría de este tipo de muertes queda impune.
También el criminólogo y antropólogo Wilfredo Mora García opina en la misma dirección que María Mercedes. Cree que podría tratarse de un número mayor.
Critica el poco rigor con que, en su opinión, las instituciones registran los casos. Sugiere que el país debe hacerse signatario de la Convención Contra las Ejecuciones Extrajudiciales, para que los registros se hagan bajo los estándares de las Naciones Unidas. Entiende que esto podría arrojar datos más precisos y confiables.
WANDER SANTANA
