POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Aumenta el reclamo de una política minera. Pensé que la teníamos. Y de una lógica simple: solicitud de concesión de exploración, firma de contrato, entrega de los términos de referencia de parte del ministerio de Medio Ambiente que definen los estudios técnicos necesarios para la evaluación ambiental, conclusión e informe, ponderación y aprobación o rechazo de la explotación.
Aumenta el reclamo de una política minera. Pensé que la teníamos. Y de una lógica simple: solicitud de concesión de exploración, firma de contrato, entrega de los términos de referencia de parte del ministerio de Medio Ambiente que definen los estudios técnicos necesarios para la evaluación ambiental, conclusión e informe, ponderación y aprobación o rechazo de la explotación.
Sería irresponsable y antidemocrático pasar alegremente por encima de las inquietudes ciudadanas sobre un proyecto que trae a la memoria horrores mineros en otros puntos del territorio nacional, abonados por la corrupción de autoridades locales y nacionales y políticos de los diferentes colores. Las corporaciones mineras tienen regulaciones financieras y técnicas internacionales, pero siempre aprovecharán atajos económicos ventajosos.
El problema es que en el caso del proyecto Romero, en San Juan, el presidente Luis Abinader convirtió la participación ciudadana en veto popular, sin espacio para la ponderación técnica del informe en proceso de elaboración. Políticamente entendible ante la avalancha, la masiva concentración y marcha en contra del proyecto de unas horas antes del anuncio, pero institucionalmente complicado.
“Según la ley 64-00 de Medio Ambiente y sus reglamentos, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría no es viable continuarlo”, sentenció Abinader en su breve discurso, recibido con aplausos a nivel nacional, estableciendo un precedente que se torna en camisa de fuerza para proyectos importantes de su administración y que podría afectar los ingresos en divisas que permite la inversión extranjera.
En sectores empresariales la decisión ha desatado preocupaciones y en ámbitos populares ya se han animado a hacer advertencias sobre la viabilidad ambiental de proyectos como la autopista del Ámbar.
Si el proyecto solo estuviese “detenido”, no cerrado, como he escuchado algunas explicaciones posteriores, será cuesta arriba su reinicio y quizás pueda generarle situaciones peores al gobierno.
La protección de ambiente, hogar de una comunidad o región o la casa nacional está por encima de cualquier inversión extranjera, pero siempre con decisiones avaladas por la ciencia, por información técnica documentada, no por el ánimo público, perfectamente contaminable, sobre todo en el reino de los algoritmos.
Gran parte del territorio nacional está concesionado desde hace decenios, lo que torna más relevante la claridad sobre el camino que seguirán las autoridades.
¿Se trata de una “nueva” política minera? No creo, aunque siempre habrá posibilidades de mejoras en la ley sobre la materia y de la medioambiental.
El centro del tema es actuar conforme a los instrumentos legales actuales que sujeta las decisiones oficiales a investigaciones técnicas y científicas cuando haya dudas y opiniones diversas sobre la afectación de territorios, del agua, de la vida de las personas en sentido general.
Hay una ruta legal, que asumen en principio las mineras y frente a la cual el gobierno debe ser firme para evitar espantar a otros interesados en invertir en RD, ámbito en crecimiento, de imprescindible preservación.
Cuando una empresa pierde valor en bolsa en otro país o a nivel internacional por una decisión local, es fundamental ponderar los riesgos de cada actuación más allá de lo que impongan las redes o sugieran encuestas.
