SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Un informe elaborado por especialistas de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana recomendó “la anulación, rechazo o suspensión de concesiones mineras en sectores de la Cordillera Septentrional al considerar que las áreas evaluadas coinciden con zonas de recarga hídrica, nacimientos de ríos, acuíferos, corredores biológicos y ecosistemas de alta sensibilidad ambiental”.
El documento concluye que cualquier intervención minera en estas áreas podría generar impactos sobre fuentes de agua utilizadas por comunidades, sistemas de riego, actividades agrícolas y ecosistemas localizados aguas abajo.
La investigación analiza las concesiones Cobre El Hoyazo II, Lluvia de Oro y la solicitud Monte Hoyazo, ubicadas entre las provincias Santiago y Puerto Plata. Los autores sostienen que estas zonas forman parte de un sistema territorial conectado por cuencas hidrográficas, áreas de recarga y corredores ecológicos que cumplen funciones esenciales para la seguridad hídrica de la región.
El documento de 44 páginas explica que la Cordillera Septentrional alberga cabeceras de importantes ríos y una compleja red de acuíferos, incluyendo sistemas kársticos que permiten el movimiento subterráneo del agua a través de fracturas, cuevas y conductos naturales. Esa condición, advierten los investigadores, aumenta la vulnerabilidad frente a posibles procesos de contaminación.
El estudio incorpora información hidrogeológica desarrollada por el programa SYSMIN, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y otros organismos especializados, cuyos levantamientos identifican la existencia de áreas de recarga, acuíferos de alta productividad y una estrecha relación entre los ecosistemas de montaña y el abastecimiento de agua para comunidades y actividades económicas.
Los especialistas explican que la evaluación de proyectos mineros no debe limitarse a verificar si una concesión se encuentra dentro o fuera de un área protegida, sino que debe considerar la conectividad ecológica, el comportamiento de las cuencas, los corredores biológicos y los efectos que una intervención podría generar sobre territorios vinculados entre sí por el flujo del agua. Además, de la contaminación a las aguas subterráneas que puede provocar esa práctica minera.
Los autores concluyen que las decisiones sobre el futuro de estas concesiones deben considerar de manera prioritaria la protección del agua, las cuencas hidrográficas, la biodiversidad, las actividades productivas locales y los servicios ecosistémicos que sostienen a las comunidades.
Protestas comunitarias
Desde el pasado mes de enero sacerdotes, organizaciones comunitarias, ambientalistas y productores agrícolas han realizado marchas, vigilias y concentraciones en rechazo a los proyectos de exploración minera en la cordillera Septentrional.
Las movilizaciones han sido encabezadas por el sacerdote Ramón «Nino» Ramos, junto a líderes comunitarios y representantes de organizaciones sociales, quienes sostienen que las concesiones ponen en riesgo las fuentes de agua que abastecen a decenas de comunidades, además de los bosques y la biodiversidad de la zona. Los manifestantes han solicitado al Gobierno la cancelación definitiva de las concesiones y la protección de la cordillera.
Sentencia judicial
El conflicto también llegó a los tribunales. El pasado 5 de junio, la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago ordenó la paralización de los trabajos de exploración del proyecto Cobre El Hoyazo II, tras acoger una acción de amparo interpuesta por organizaciones ambientales, comunitarias y ciudadanos.
La decisión judicial dispuso la suspensión inmediata de los trabajos de exploración autorizados por el Ministerio de Energía y Minas y ordenó a las autoridades correspondientes supervisar el cumplimiento de la medida, mientras se conoce el fondo del proceso.
Entre los accionantes figuran el sacerdote Ramón «Nino» Ramos y representantes de organizaciones comunitarias y ambientales que se oponen a la minería metálica en el área protegida.
INDIRA VASQUEZ
