¿Justicia autónoma?

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POR NARCISO ISA CONDE.- Qué es eso? ¿Independencia frente a qué y a quienes? Un tema complejo, que la oposición súper corrupta trata con perversidad cuando insiste en que el Poder Ejecutivo continúe determinando la composición de la PGR-MP, mientras el Poder Judicial lo estructura un Consejo de la Magistratura escogido por un Senado usurpado por la partidocracia y condicionado por una Constitución que engendró la posibilidad de establecer una dictadura constitucional unipartidista o bipartidista.

Este es un tema crucial que sectores político-empresariales pro-oficialistas y grupos aliados o complacientes con Abinader han decidido tratar con superficialidad, cuando la mentada independencia es reducida a la no militancia partidista; y además aceptan que este Congreso degradado sea el que modifique la Constitución en función de Asamblea Revisora.

Vale subrayar que cuando cuestiones tan importantes se tratan así, sin ir a las raíces sistémicas del mal, en el mejor de los casos los remiendos constitucionales no sirven para superarlo; o las reformas, diálogos y consensos pretendidos no pasan de ser fuegos artificiales o maniobras dentro de una competencia entre facciones de las derechas, unas empeñadas en la continuidad del pasado multitudinariamente repudiado y otras interesadas en remodelarlo y reciclarlo con algunas exclusiones de fórmulas ya “quemadas”.

La difícil “independencia” en materia de sistema de justicia destinadas a garantizar el máximo posible de honestidad, autodeterminación de jueces y fiscales, y a tratar de lograr sanciones idóneas contra los autores todos los delitos -sin corrupción preferida y sin impunes protegidos- no debe limitarse a liberar sus funcionarios de la dependencia del Presidente y las cúpulas partidistas, sino también del inmenso poder de la clase capitalista dominante, elites empresariales (locales y transnacionales), grandes oficinas de abogados, jerarquías eclesiales y militares, impregnadas todas de concepciones brutalmente clasistas (anti pobres), racistas, autoritarias, fundamentalistas-religiosas, patriarcal-machistas, anti-haitianas y esclavizantes de niños/as, adolescentes y jóvenes.

La cultura de la clase dominante generalmente predomina en las sociedades dominadas, lo que gravita sobre escuelas, códigos, leyes, fiscales y jueces y funcionarios nombrados o no por el presidente de turno. El caso de Miriam Germán es excepcional en una situación excepcional. Ella en lo personal tiene mucho de independiente frente a esos poderes.

La PGR bajo su conducción es una isla particular.

Es un producto de Marcha Verde, hábilmente aceptado por Abinader. Ni siquiera otras designaciones en la propia PGR tienen calibres parecidos.

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Redacción

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