Sociedad civil de RD se une para defender la libertad de expresión

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SANTO DOMINGO.- Para la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) resulta “llamativo y peligroso” que a través de varias leyes busquen afectar, de forma consistente, la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en la República Dominicana. 

Persio Maldonado, director de El Nuevo Diario y presidente de la SDD; Aurelio Henríquez, del CDP y José Beato, del SNTP, advirtieron, durante unas vistas públicas, sobre los peligros que existirían en el proyecto de ley que regularía la propaganda y la publicidad estatal si fuera convertido en ley sin modificaciones. 

Los representantes de la sociedad civil participaron en unas audiencias convocadas sobre esa pieza, presentada por el diputado perremeísta Eugenio Cedeño, por la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, que preside el peledeísta Elpidio Báez.

Persio Maldonado, quien estuvo acompañado de Inés Aizpún, directora de Diario Libre e integrante de la SDD, cuestionó la consistencia en que se presentan varias iniciativas que buscan similares propósitos: atacar la libertad de expresión. 

Citó entre éstos los proyectos de ley de Código Penal, de Ley No. 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, el Código del Menor o ley No. 14-94 que crea el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de Delitos de Altas Tecnologías, de Ciberseguridad y el que regularía el ejercicio del derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen. 

Advirtió que las “redacciones ambiguas” pueden constituirse en un peligro para el ejercicio de la libre expresión y del periodismo. “En un gobierno democrático esta insistencia resulta llamativa y peligrosa”, expresó, y manifestó que si leen el proyecto de ley, les deja la impresión de que se busca regular la publicidad y la propaganda porque los medios de comunicación han sido beneficiados de los derroches de los gobiernos, lo que no es así porque “gobierno tras gobierno… somos víctimas de deudas que nunca logramos recuperar”.

Responsabilidad

Maldonado dijo que le preocupa lo consignado en el artículo 15 debido a que se pretende hacer responsables a los medios de comunicación de la gestión gubernamental en materia publicitaria, cargando con las responsabilidades de sus posibles violaciones.

También, expresó que las sanciones no deben ser mayores para los medios electrónicos debido a que debe existir equidad. 

Aunque manifestó que le parece que la orientación para un uso ético de la propaganda y la publicidad oficial es válida, cree que la intención de imponer un diseño de los anuncios gubernamentales afecta la capacidad creativa de los diseñadores.

Durante su exposición, el presidente de la SDD se refirió al proyecto de ley que regularía la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen y pidió a los congresistas que deben tomarse en cuenta sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional sobre la libertad de expresión.

Ver otras experiencias

En tanto que, Inés Aizpún, directora de Diario Libre, consideró que la mejor manera que tienen los congresistas para defender la democracia y la libertad de expresión es estudiando las iniciativas de otros países que han tenido que pedir a las plataformas tecnológicas que “nos paguen el contenido que nosotros creamos”.

Sobre el tema, Aurelio Henríquez, presidente del CDP, afirmó que han observado con gran preocupación unos 20 proyectos de ley, los cuales no detalló, que asegura procuran controlar la libertad de expresión y citó la denominada “ley mordaza”. Exhortó a los legisladores a no afectar los medios de comunicación convencionales porque también ese gremio podría verse perjudicado debido a que de acuerdo a lo que establece la ley 10-91 “si ellos no tienen tampoco nosotros”.

Recomendó buscar el consenso al más alto nivel y recordó que el artículo 45 de la Constitución consagra el derecho a la libertad de expresión.

Mientras que, José Beato, de la SNTP, dijo que han identificado nueve iniciativas que podrían constituir amenazas a la libertad de expresión. Cuestionó varios artículos, entre los que figura el artículo 11 a través del cual entienden se discrimina a los medios de comunicación y el artículo 15, por entender que constituye un peligro castigar o cerrar un medio de comunicación.

Radiodifusoras

Durante las vistas públicas, el abogado Miguel Almánzar, agotó un turno en representación de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adora) y,entre otras cosas expresó: «Los medios de televisión, prensa escrita, de radiodifusión y emisoras en sus modalidades AM/FM, deberán recibir una distribución equitativa, relacionada directamente con indicadores de impacto y evaluación, sobre el cumplimiento de los fines para los que fueron contratados”. También, pidió la eliminación del artículo 15 del proyecto de ley.

Eduardo Valcárcel, presidente de la Asociación Dominicana de Agencias Publicitarias, señaló que en el artículo 6 de la pieza no estaba incluida la publicidad exterior y que ésta juega un papel fundamental en las calles y avenidas del país.

Además, consideró que el artículo 13 del proyecto como esta consignado podría afectar la creatividad y que estaba de acuerdo con lo señalado por Maldonado de que se requiere tener libertad. Se mostró de acuerdo con que se realicen licitaciones públicas para contratar publicidad estatal y que así sea más transparente. Favoreció la medición y monitero como forma de medir resultados y evaluar la efectividad de la colocación de la publicidad institucional. “Necesitamos mecanismos que midan si realmente hay despilfarro”, analizó.

Algunos participantes como el periodista Santos Aquino Rubio pidieron que el conocimiento del proyecto de ley sea postergado hasta tanto sea revisado por técnicos y que el Poder Ejecutivo someta su propuesta.

El periodista de Maimón, Tomás Almonte, pidió al gobierno no discriminar a los medios pequeños y establecer por ley un presupuesto fijo para la publicidad estatal.

“El cedazo”

Precisamente, Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, explicó que el proyecto de ley presentado por el gobierno fue llevado al seno del Consejo Económico y Social (CES) y que hay que esperar que “cumpla su ciclo”.

Detalló que aunque el gobierno se comprometió a respectar los resultados de las discusiones y los consensos alcanzados con la sociedad civil deberán pasar por un “cedazo” para determinar si tienen congruencia o no con la Constitución.

Ante los cuestionamientos recibidos, el diputado Elpidio Báez, presidente de la comisión, explicó que la iniciativa debe agotar su recorrido legislativo, que ya tenían el informe de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa (Ofitrel) y que incluso los comisionados elaboraron una redacción alterna al proyecto. 

Detalles de la pieza

El proyecto de ley que regularía la propaganda y la publicidad estatal establece en su artículo 15 que la violación al artículo 6 de esa ley cometida por propietarios, directores o administradores de medios de comunicación electrónicos podrían conllevar al cierre temporal o la suspensión de la licencia de operación de la estación radial o televisiva por un periodo de tiempo no mayor de 30 días. Además, consigna por esa causa una multa no menor de 10 salarios mínimos ni mayor de 20 salarios mínimos o ambas penas a la vez.

En tanto que, en el párrafo del artículo 15, establece que en caso de reincidencia la multa o suspensión será igual al doble del máximo de ambas penas a la vez. El artículo 6 consigna que “ningún funcionario de la dependencia que publicite la campaña de información podrá aparecer en las inserciones que se paguen en ningún medio sea impreso, televisivo, radiofónico o digital que se difundan”. 

Comisión estudiará leyes

Por otro lado, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, informó que el gobierno conformará en los próximos días una comisión para que presente una propuesta de reforma a la ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, que sea estudiada junto a otras iniciativas como el proyecto que regularía el ejercicio del derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen, tildado como “lmordaza”. Esta última pieza fue aprobada en dos lecturas en el Senado y ha generado numerosos cuestionamientos de diversos sectores. Precisó que el Poder Ejecutivo tiene interés de buscar el consenso con las partes interesadas para sacar un producto nuevo para tratar de lograr equidad.

YAMALIE ROSARIO

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