Tribunal dicta 18 meses de prisión contra pareja de esposos acusados de estafar beneficiarios del programa “Quédate en Casa”
El juzgado de Atención Permanente de Puerto Plata, impuso 18 meses de prisión preventiva contra una pareja de esposos a los que se acusa de estafar a varios beneficiarios del programa de ayuda estatal “Quédate en Casa”, coordinado por la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) con el objetivo de paliar la crisis asociada a la pandemia provocada por la COVID-19.
La magistrada Yeni Martínez dispuso el envío a prisión de los esposos Jennsse Raúl Susaña Santana y Elizabeth Báez Leonardo, luego de que el Ministerio Público demostrara su vinculación a una estafa contra decenas de personas de las comunidades de Palo Blanco y Camú, de Puerto Plata, mediante el uso de los fondos de “Quédate en Casa”.
Los imputados fueron sometidos a la justicia en el transcurso de una investigación realizada por la Fiscalía de Puerto Plata, la Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).
El juez que conoció la medida de coerción declaró el caso como complejo.
Los imputados captaron los datos asociados a las cédulas de identidad y electoral de los beneficiarios y luego los utilizaron para favorecerse con los fondos que eran dispensados por la Adess a favor de los beneficiarios-denunciantes.
El expediente indica que los imputados decían a los beneficiarios de la Adess que habían sido excluidos del programa y que carecían de balance, cuando en realidad el Estado les depositaba RD$2,500 quincenales que fueron subsecuentemente obtenidos de manera fraudulenta por los encartados.
Señala que, posteriormente, los denunciantes se percataban de que tenían balance y de que se reflejaban consumos realizados por terceros en sus cuentas, por lo que dieron parte a las autoridades. La investigación llevó al arresto de los implicados en Bávaro, Punta Cana, con el apoyo de la Fiscalía de La Altagracia.
A los imputados se les ocupó objetos y documentos relacionados a los hechos investigados que les vinculan directamente a la estafa en contra de los denunciantes y beneficiarios de las ayudas sociales y del Estado dominicano.
El Ministerio Público calificó el hecho como una violación a los artículos 14, párrafo 15, 17 y 20 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, además de los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano.
