POR CARLOS SALCEDO.- Recientemente el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional los artículos 152 y 157 de la Ley de Régimen Electoral, núm. 2012-23. Dichas previsiones legales establecían que las candidaturas independientes debían presentarse a través de agrupaciones políticas “constituidas de conformidad con la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos”.
La expulsión del ordenamiento jurídico de las mencionadas disposiciones las justifica el TC porque había una desconexión entre el título y el contenido de los artículos impugnados en inconstitucionalidad y se condicionaba la posibilidad de participar como independiente a la creación de una organización política, lo que desnaturaliza la figura de las candidaturas
De igual forma, el TC estableció que la Constitución no monopoliza en manos de los partidos políticos la presentación de toda candidatura a puestos de elección popular, recomendando, pues, una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente. Estos requisitos son la manifestación formal de la intención de postularse, evidencias de que se cuenta con un respaldo mínimo de la ciudadanía, un programa sistemático de las iniciativas a ejecutar en su gestión y cualquier otro requerimiento exigido por la ley para la posición a que se postula.
No entraré en esta oportunidad en el análisis de la competencia del TC para llegar a las aludidas conclusiones y otros aspectos que ameritan un ejercicio hermenéutico que dejaré para otra oportunidad. Pero, lo cierto es que, para muchos, dicha decisión del TC abriría el camino para que candidatos independientes puedan aspirar a cargos de elección popular sin contar con los partidos políticos, lo que ha movido a las diversas organizaciones políticas y las ha agrupado para buscar una salida que evite la afectación de los liderazgos partidarios y sus diferentes candidaturas.
No les queda de otra que no sea unificar criterios para que la recomendación del TC permita que la nueva redacción de dichos artículos expulsados del ordenamiento legal pasen el cedazo constitucional y no constituyan una retranca para los candidatos independientes, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la ley y que no impidan su participación.
Por detrás
Lo que sí quiero tratar en esta oportunidad es lo que podría estar por detrás de la decisión del TC -la policy– y que podría explicar o justificar incluso una decisión que podría hacer temblar las simientes mismas de nuestra democracia de partidos y agrupaciones políticas, como se ha visto a lo largo de nuestra historia republicana.
Y es que, entre las causas de dicha decisión y lo que el TC no dice en su decisión, pero la explica, es que la mayoría de las actuaciones de los líderes políticos está contribuyendo, en nuestro país, a la creciente falta de fe en parte del pueblo en los partidos políticos, llamados instrumentos de participación política.
Esto así porque para una parte importante de la población los partidos políticos dominicanos, son, en gran medida, instrumentos al servicio de sus dirigentes, quienes, sin legitimar con sus propios organismos deliberativos internos o haciéndolo atropelladamente, deciden por la colectividad, con el consecuente impacto en los mecanismos de representación política con que cuenta la ciudadanía.
A pesar de su funcionamiento, se advierten debilidades estructurales en los partidos políticos como agentes de cambio, sobre todo para cautivar a la población votante, lo que desvirtúa su sagrada misión institucional e histórica. Y ese desgaste y debilitamiento de los partidos políticos dominicanos tiene graves consecuencias en la población dominicana que siente muchas veces que los partidos tienen el mismo esquema clientelista, paternalista, corporativista y burocratista y que no los representa.
Esas debilidades y distorsiones ponen en tela de juicio la mediación y representación a la que conduce la labor de los partidos políticos, como mediadores entre el pueblo y los estamentos del poder político y plantean las posibles alternativas independientes, que sin mayores formalidades puedan acceder a las candidaturas por fuera de los partidos políticos establecidos en el sistema.
