SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- En los pasillos del Palacio de Justicia de Santiago ya no se habla únicamente de expedientes, sentencias o audiencias.
Se habla de agotamiento, de enfermedades, de miedo, de jueces que corren de un tribunal a otro para intentar sostener un sistema que, según denuncian magistrados y empleados judiciales, opera bajo niveles extremos de precariedad mientras millones de pesos son destinados a propaganda, viáticos y hospedaje internacional de un grupo, así como promoción institucional.
En los Juzgados de Paz el panorama raya en el absurdo. La provincia de Santiago requiere al menos 16 jueces de Paz operativos para responder a la demanda de juzgados de municipios y tribunales de tránsito. Sin embargo, actualmente solo hay siete jueces titulares fijos.
Para llenar el vacío, cinco jueces suplentes deben desplazarse constantemente entre distintos municipios, cubriendo hasta cuatro y cinco tribunales por día.
“Yo duré cuatro meses con cuatro Juzgados de Paz a mi cargo al mismo tiempo”, relata una magistrada. “Tenía que atender San José de las Matas, Tamboril, Sabana Iglesia y una sala ordinaria aquí en Santiago”, dice.
Eso significa salir corriendo de un tribunal a otro, improvisando agendas imposibles, atravesando kilómetros entre municipios y dejando audiencias aplazadas porque físicamente resulta imposible estar en varios lugares al mismo tiempo; y el espacio para almorzar es inexistente.
Hay días en que un juez debe terminar una audiencia en un municipio y salir apresuradamente hacia otra sala en otro punto de la provincia para evitar una suspensión adicional.
El colapso de personal no es exclusivo de la base del sistema en los juzgados de paz; se extiende como un mal crónico por los tribunales de mayor jerarquía de Santiago, obligando a los magistrados a un extenuante juego de roles para evitar la parálisis total.
En la Oficina de Atención Permanente, la instancia crucial donde se conocen las medidas de coerción, la realidad es alarmante: no hay jueces fijos asignados, lo que obliga a los magistrados de otras salas a cubrir estos turnos tras agotar sus propias y asfixiantes jornadas.
Esta improvisación logística provoca situaciones críticas en tribunales clave como el Segundo Tribunal Colegiado, donde las audiencias no pueden iniciar porque falta el quórum obligatorio de tres jueces; los magistrados presentes, junto a abogados, testigos e imputados, se ven forzados a esperar horas muertas a que un juez de otra sala termine sus procesos y salga corriendo a auxiliarlos para poder completar el quórum y conocer el caso.
Pagando el precio
Una persona pide permiso en su trabajo, pierde el día completo, paga transporte, abogado y pasaje, solo para llegar al tribunal y descubrir que el juez está cubriendo una emergencia en otra sala o que no se completó el quórum para iniciar la audiencia.
A menudo demoran expediente. El usuario vuelve a comenzar desde cero, otra vez permisos y pagos sin tener garantías de respuesta. La otra cara de las sentencias resulta en jueces sin protección y dentro del Palacio de Justicia también existe miedo. Magistrados consultados describen la vulnerabilidad extrema en la que quedan después de dictar condenas severas contra personas vinculadas a delitos graves.
“Un juez puede condenar a un acusado a 20 o 30 años de prisión por homicidio, narcotráfico o crimen organizado y, minutos después, salir completamente solo por la puerta del Palacio de Justicia, sin escolta, sin chofer, sin protección institucional, sin ninguna garantía real de seguridad y en la mayoría de los casos sin arma de reglamento”, dice.
El riesgo no es teórico. Destacan que los jueces quedan expuestos frente a familiares de condenados, estructuras criminales o personas resentidas por las decisiones judiciales.
A esto se suma otra precariedad silenciosa: el Poder Judicial no tiene vehículos para trasladar a los jueces a esas jurisdicciones, apenas dispone de un vehículo para cubrir múltiples necesidades administrativas y operativas de modo tal que el juez se debe ir en su vehículo, obviamente sin chofer, expuesto a los accidentes de tránsito y daños sufridos por servidores judiciales en sus vehículos personales.
Magistrados y empleados denuncian que, aun cuando sufren accidentes vinculados a sus desplazamientos laborales, las respuestas administrativas pueden tardar meses.
“Hay casos de solicitudes de apoyo o cobertura que permanecen dos, tres y hasta cuatro meses sin solución”, explica uno de los magistrados consultados.
Mientras tanto, los jueces continúan movilizándose diariamente por su cuenta entre tribunales, municipios y audiencias.
Vacaciones que se convierten en castigos
El colapso de la mora judicial y el desgaste de los magistrados no se debe a que la ley exija el cumplimiento de las vacaciones, un derecho laboral legítimo y obligatorio para cualquier trabajador, sino a que la administración del Poder Judicial los ha dejado completamente solos al no designar jueces suplentes que releven a quienes se ausentan.
Ante esta ineficiencia administrativa, los propios jueces han tenido que buscar una solución salomónica para no afectar el trabajo, la cual consiste en coordinarse entre ellos para tomar vacaciones colectivas y cerrar provisionalmente el tribunal.
Esta medida de emergencia, asumida por los magistrados para proteger la operatividad, arrastra consecuencias muy duras para su vida personal, ya que no pueden planificar libremente el descanso con sus familias, sino que se ven forzados a amoldar sus calendarios a la estricta disponibilidad de los demás compañeros para poder coordinar el cierre del despacho de forma conjunta.
Mientras el tribunal, sea unipersonal o colegiado, permanece cerrado, las solicitudes no se detienen, los plazos legales siguen corriendo al borde del vencimiento y los expedientes se acumulan de forma catastrófica.
Al regresar, los jueces se topan con la cruda realidad de encontrar sus escritorios sepultados bajo mil o dos mil solicitudes nuevas, lo que desvirtúa por completo el derecho fundamental al descanso y los obliga a asumir la carga de la ineficiencia institucional desde sus propios hogares.
La asfixia operativa y la necesidad de dar respuesta al ciudadano obligan a los magistrados a sacrificar su tiempo familiar, tal como lo narra una de las juezas afectadas de Santiago: “Yo lo que voy a hacer cuando me vaya de vacaciones es llevarme todos esos expedientes para mi casa, para poder avanzar y ver cómo disminuyo esta mora judicial”.
Esta medida de emergencia, asumida por los magistrados para proteger la operatividad, arrastra consecuencias muy duras para su vida personal, ya que no pueden planificar libremente el descanso con sus familias, sino que se ven forzados a amoldar sus calendarios a la estricta disponibilidad de los demás compañeros para poder coordinar el cierre del despacho de forma conjunta.
Mientras el tribunal, sea unipersonal o colegiado, permanece cerrado, las solicitudes no se detienen, los plazos legales siguen corriendo al borde del vencimiento y los expedientes se acumulan de forma catastrófica.
Al regresar, los jueces se topan con la cruda realidad de encontrar sus escritorios sepultados bajo mil o dos mil solicitudes nuevas, lo que desvirtúa por completo el derecho fundamental al descanso y los obliga a asumir la carga de la ineficiencia institucional desde sus propios hogares.
La asfixia operativa y la necesidad de dar respuesta al ciudadano obligan a los magistrados a sacrificar su tiempo familiar, tal como lo narró una de las juezas afectadas de Santiago al manifestar textualmente su realidad: «Yo lo que voy a hacer cuando me vaya de vacaciones es llevarme todos esos expedientes para mi casa, para poder avanzar y ver cómo disminuyo esta mora judicial».
La vida familiar desaparece
Para poder sortearla carga laboral los jueces deben trabajar de lunes a domingo, para poder comparecer ante los tribunales, motivar las decisiones y analizar las evidencias. Padres y madres que apenas ven a sus hijos, secretarios que salen de audiencias a las cinco y media de la tarde y deben pasar la noche transcribiendo actas bajo agotamiento extremo.
“Después de un día entero subiendo audiencias, todavía tenemos que sentarnos a transcribir. El cansancio provoca errores, y luego el juez tiene que corregir todo a mano para evitar cualquier error”, explica un empleado judicial.
La carga física y emocional ya comienza a reflejarse en la salud de muchos magistrados.
“Las condiciones laborales nos tienen enfermos a todos”, confiesa una jueza mientras describe una cadena de padecimientos físicos que atribuye directamente al estrés y la sobrecarga laboral.
“Yo no he podido sanar, voy de una cuestión en otra: columna, estómago, pulmones… porque la misma presión te mantiene todo el tiempo enferma. Yo misma he estado en un cuadro de salud desde hace más de un mes y medio. La primera vez que me dio la crisis llegué por emergencia y me dijeron que había que internarme. Y yo me comprometí con el doctor a llevar estrictamente el tratamiento y tomar previsiones adicionales para evitar ser ingresada y regresar a trabajar. Más adelante, cuando finalmente recibió una licencia médica, tuvo que interrumpirla antes de tiempo. Aquí en la República Dominicana el poder judicial está pasando el Niágara en bicicletas”, asegura la juez.
Un palacio de justicia vulnerable
El deterioro físico del sistema también amenaza la seguridad. El área penal del Palacio de Justicia de Santiago ha sido víctima de al menos tres robos importantes. Según denuncian empleados judiciales, no existen cámaras de seguridad operativas ni agentes de la Policía Judicial para responder ante una emergencia seria.
Tras el tercer robo, la respuesta institucional consistió simplemente en colocar protectores de hierro en una ventana.
La burocracia centralizada también ha paralizado el mantenimiento básico.
«Si se daña una tubería, un sistema eléctrico o un aire acondicionado, las administraciones locales ya no pueden contratar técnicos de Santiago, todo debe tramitarse hacia Santo Domingo», explica Juan De Dios Hiraldo, un abogado penalista.
Eso provoca que oficinas enteras permanezcan durante meses con filtraciones, calor sofocante o problemas eléctricos esperando autorizaciones administrativas.
El colapso no es solo penal
La crisis atraviesa prácticamente todas las jurisdicciones del Palacio de Justicia. En la Corte Civil permanece vacante una plaza importante tras el fallecimiento de una magistrada, sin que se haya designado sustituto.
En la Corte Laboral las renuncias administrativas han dejado secretarías prácticamente vacías. Las salas sobreviven “prestándose” empleados entre departamentos para evitar la paralización total.
En la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes existen plazas vacantes crónicas y tribunales dispersos en locales alquilados por distintos puntos de la ciudad, pese a antiguas promesas de unificación, y los huesos de los tribunales ordinarios deben dar soporte los fines de semana a esta área.
En el Tribunal Superior de Tierras, incluso magistrados con tiempo cumplido para pensionarse continúan activos porque, según denuncian, la administración responde que “no hay jueces” para sustituirlos.
La sobrecarga también impacta directamente la calidad del servicio judicial. En muchos tribunales, jueces suplentes deben abandonar sus propios calendarios de audiencias para completar quórum en otras salas, provocando un efecto dominó de retrasos que termina paralizando múltiples jurisdicciones al mismo tiempo.
El impacto directo sobre la población
Detrás del agotamiento judicial también hay una cadena de perjuicios contra ciudadanos comunes. Audiencias suspendidas porque no hay quórum, procesos aplazados porque el imputado no fue trasladado desde el cuartel al tribunal debido a falta de transporte, procesos retrasadas porque no hubo suficiente personal para realizar citaciones.
Usuarios que toman un día libre en el trabajo, pagan abogados, transporte y cuidado de hijos, para descubrir al llegar al tribunal que la audiencia no se conocerá.
Hay abogados que viajan desde otras provincias o incluso desde el extranjero para asistir a procesos que terminan suspendidos por razones puramente administrativas. Víctimas, testigos e imputados permanecen durante horas esperando en pasillos congestionados para finalmente recibir un nuevo aplazamiento.
Abogados, testigos y víctimas terminan atrapados en un sistema que arrastra retrasos administrativos que muchas veces nada tienen que ver con el fondo del caso. El sistema no solo está agotando a jueces y empleados.
La indignación aumenta cuando los magistrados comparan sus condiciones de trabajo con los gastos institucionales realizados por el Poder Judicial.
De acuerdo con datos publicados sobre ejecutorias financieras, entre junio y diciembre de 2025 se destinaron más de RD$ 200 millones a eventos institucionales y cumbres jurídicas. La publicidad institucional también aumentó significativamente.
Mientras tanto, en Santiago empleados y jueces aseguran que deben llevar desde sus casas jabón, detergente y productos de limpieza para mantener operativas las oficinas y baños.
“Los últimos meses nos estamos lavando las manos con jabón que traemos nosotros mismos”, denuncia una empleada. “Otro juez tuvo que traer un galón de jabón de fregar porque aquí no había”.
La comparación resulta demoledora para quienes sostienen diariamente el sistema judicial.
Magistrados cuestionan que se destinen millones de pesos a viáticos, campañas de imagen y contrataciones de comunicadores e influencers mientras tribunales completos operan sin personal suficiente y las audiencias continúan aplazándose por falta de jueces, secretarios y abogados ayudantes.
La indignación crece aún más cuando se contrastan algunos gastos específicos con las necesidades reales de los tribunales. Jueces consultados cuestionan que mientras áreas críticas operan prácticamente colapsadas por falta de personal, el Poder Judicial destinara alrededor de RD$4 millones a un arbolito navideño institucional.
Tomando como referencia el salario de RD$51,000 mensuales que devenga un abogado ayudante, ese monto habría permitido financiar aproximadamente 78 salarios mensuales de ese personal técnico especializado.
En términos prácticos, con esos mismos recursos se habrían podido contratar seis abogados ayudantes durante un año completo o reforzar temporalmente varias de las salas más congestionadas de Santiago, precisamente en momentos en que la Unidad de Soporte a Juez apenas opera con cuatro abogados para sostener toda la carga penal de primera instancia, cuando la propia métrica operativa establece que se requieren al menos 22 profesionales para responder adecuadamente al volumen de trabajo.
La crítica no se limita únicamente al arbolito navideño. Los jueces también cuestionan el aumento del gasto en publicidad institucional y eventos promocionales mientras áreas esenciales del sistema operan sin personal suficiente, sin equipos tecnológicos adecuados y, en ocasiones, sin materiales básicos para funcionar dignamente.
«No queremos discursos»
Lejos de pedir privilegios, los jueces y empleados judiciales aseguran que sus reclamos son básicos: personal suficiente, condiciones dignas de trabajo, mantenimiento, seguridad y reorganización real del presupuesto.
No quieren mesas de diálogo simbólicas ni discursos institucionales, quieren jueces en los tribunales y demás personal. Así como un sistema judicial que deje de invertir millones en imagen mientras quienes administran justicia terminan enfermos, agotados y trabajando al borde del colapso.
INDIRA VASQUEZ
